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Directivos de operadoras detenidos por tráfico de datos de usuarios y empresas

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Directivos de operadoras detenidos por tráfico de datos de usuarios y empresas 48

Directivos de operadoras detenidos por tráfico de datos de usuarios y empresas 50

En un operación sin precedente en España, la Policía Nacional ha detenido ya al menos a 88 personas, acusadas de robo y tráfico de datos confidenciales de usuarios y empresas, y en el que están implicados, entre otros, directivos y responsables de operadoras de telecomunicaciones que operan en España.

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Agentes de la Policía Nacional han detenido hasta el momento a 88 personas en el marco de la operación «Pitiusa» contra una organización dedicada al tráfico de datos personales y empresariales que operaba en 11 comunidades autónomas.

El origen de las investigaciones se sitúa en marzo de 2011, en torno a las actividades de un ex detective privado de Barcelona, actualmente policía local, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su condición de funcionario público. Las averiguaciones llevadas a cabo por los investigadores apuntaban a que su conducta no se trataba de un hecho aislado. Al parecer formaba parte de una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio nacional, explican fuentes policiales.

Entre los detenidos se encuentran 40 detectives privados, 15 empleados públicos principalmente de la Agencia Tributaria y 33 empresarios, asalariados y particulares. Entre ellos, algunos directivos, responsables de área y trabajadores de las operadoras de telecomunicaciones Movistar, Orange y Vodafone.

Una organización dedicada a extraer datos confidenciales de Hacienda, Tráfico, Inem, catastro, facturas de comunicacioes o historiales médicos de personas investigadas. También datos confidenciales de empresas, relaciones de clientes y otros datos para espionaje industrial.

Por cada declaración de la renta se cobraban 1.500 euros, por una declaración a terceros de una empresa hasta 3.000 euros, y por informes completos se llegaban a pagar hasta 30.000 euros, lo que indica los beneficios económicos obtenidos por esta organización fraudulenta.

Un escándalo sin precedente en España, muestra del largo camino a recorrer para proteger el derecho a la privacidad y la protección de datos.

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